Es necesario revertir la tendencia hacia el explosivo crecimiento del gasto público que el país ha vivido en los últimos años.

En La Tercera – 22 Agosto 2011 / Por Julio Poblete

La amplia disponibilidad de recursos públicos con que ha contado el país en los últimos cinco años,  debido al alto precio del cobre, ha permitido financiar un explosivo aumento del gasto público, dejándose de lado por parte del Ejecutivo y del Congreso esfuerzos por lograr una mayor eficiencia en dicho gasto. Resulta perjudicial que sigan gastándose cantidades enormes de recursos sin que nadie se pregunte si los programas públicos se justifican o si no es preferible reasignar esos fondos a otros fines o simplemente ahorrárselos a los contribuyentes.

La revisión de las cifras de gasto público en los dos últimos gobiernos arrojan datos impresionantes: cuando la Presidenta Michelle Bachelet comenzó su gobierno, el año 2006, el presupuesto nacional contemplaba gastos por una cifra cercana a los 16,2 billones de pesos (de 2009), lo que representaba un poco más de 18% del PIB. Cuando terminó su gobierno el 2009, ese gasto ya superaba los 22,4 billones de pesos y representaba el 22% del PIB, aumento que fue justificado en buena parte para paliar los efectos de la crisis económica ocurrida en todo el mundo. Durante este gobierno, el gasto público creció 7,2% en 2010 y se estima que lo hará en 4,6% este año, alcanzando una cifra superior a los 27 billones de pesos, equivalente a casi US$ 55 mil millones y que bordea el 23% del PIB.

La primera conclusión que debe extraerse de estos números es que ambos gobiernos han gozado de una bonanza fiscal pocas veces vista antes en nuestra historia, y por eso cabe exigirles mayores resultados al no existir en la práctica limitantes financieras a los programas que pueden realizar. El problema es que estos mayores recursos han llevado a un aumento persistente de gasto, dejándose de lado todo esfuerzo por corregir las evidentes deficiencias que existen en gran cantidad de programas públicos.  En cada discusión presupuestaria, la evaluación que realiza la propia Dirección de Presupuestos ha arrojado en múltiples casos como conclusión la ausencia de objetivos claros y la escasa eficacia de los programas estatales en ámbitos como la salud, educación, vivienda, fomento productivo, apoyo a los pueblos indígenas, entre otros. Pero gran parte de ellos sigue ahí, por la incapacidad del Ejecutivo y del Congreso para suprimirlos.

Lamentablemente, en cada una de las discusiones que se han realizado en el último tiempo de reformas o beneficios sociales que involucran mayores recursos, como el aumento de los beneficios del posnatal, el 7% de la salud para los jubilados o un mayor gasto en educación, son siempre considerados con un mayor gasto adicional y nunca con cargo a la eliminación o reducción de otros gastos o el mejoramiento de su eficiencia. Incluso, se ha llegado a plantear un aumento de impuestos para financiar la educación, en circunstancias que una prioridad tan relevante para el país debería primero confrontarse con aquellos gastos innecesarios o ineficientes, y no con más cargas sobre el sector privado.

Los esfuerzos positivos que está haciendo el Ministerio de Hacienda por mantener la disciplina fiscal y la responsabilidad en el manejo de la economía, que se han traducido en la renovación de la promesa por permitir un crecimiento del gasto inferior al del PIB y de un retorno a una situación de déficit estructural de 1% del PIB en 2014, tendrían un complemento oportuno en un mayor esfuerzo del gobierno y del Congreso por un control más firme del gasto público.